Los empresarios del sector hacen balance de una década de aplicación de la Ley de Renovación Turística de 2013 y concluyen que las herramientas ágiles para intervenir en el espacio turístico han demostrado su eficacia allí donde se han aplicado, con una mejora de la competitividad y una nueva perspectiva ambiental
Las patronales turísticas canarias Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT Las Palmas); Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel); Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) y Federación Turística de Lanzarote (FTL) han subrayado hoy la necesidad de impulsar las medidas contempladas en la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013, que en el pasado mes de febrero cumplió una década desde su entrada en vigor. En particular, las patronales turísticas abogan por un nuevo impulso en la aprobación de herramientas como los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM), que, por su agilidad en la tramitación y resultados positivos en la cualificación de los destinos turísticos en los que han sido aplicados, han demostrado ser útiles para la actividad económica y el empleo, al mismo tiempo que han contribuido a una mejora de la calidad y la sostenibilidad ambiental
Las patronales turísticas expusieron dichas conclusiones a modo de conclusión tras la celebración de las Jornadas de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que se desarrollaron en las cuatro islas en las que han sido tramitados con éxito los PMM regulados por la norma de 2013, esto es: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Dicho evento, celebrado en colaboración con el Gobierno de Canarias, han permitido a empresarios del turismo, expertos del ámbito del Urbanismo y el Derecho, gestores turísticos y responsables de Administraciones Públicas compartir sus visiones y experiencias sobre una herramienta, de acuerdo los criterios expuestos, merecedora de un nuevo impulso que permita abordar y resolver problemas concretos del sector turístico en el plano de la ordenación del territorio, caso de la obsolescencia de algunos establecimientos tanto alojativos como de oferta complementaria. Todo ello, desde una perspectiva más ágil en la tramitación de herramientas de ordenación, capaz por tanto de garantizar la seguridad jurídica y plazos razonables que impulsen la inversión tanto pública como privada, esenciales para garantizar la actividad económica y el empleo.
Las conclusiones de las jornadas de debate subrayan que desde febrero de 2023 ha transcurrido una década desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias y su aparición como herramienta esencial para abordar una imprescindible apuesta por la competitividad de la principal actividad económica de las islas. Una iniciativa, subrayan dichas conclusiones, que “ha estado cargada de iniciativas que, en su día, tuvieron un gran dinamismo e intensidad”. “En estos últimos años, esa efervescencia inicial ha disminuido; no obstante, los motivos que dieron pie a la ley permanecen totalmente vigentes”, destacaron los ponentes en los eventos celebrados en las cuatro islas en las que se han implementado los referidos PMM.
Debido a las razones apuntadas, el sector turístico canario demanda con urgencia la recuperación de los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad. “Debemos apostar por la recuperación de los PMM de los núcleos turísticos, pues son una herramienta que permite que los destinos más antiguos, consolidados y maduros se reinventen, y que los espacios públicos y privados se recompongan en beneficio de una mayor calidad del destino, la cual es exigida tanto por el residente como por el que visitante”, destacan las conclusiones del evento, una posición que es compartida por las cuatro patronales turísticas de las Islas en defensa de la calidad del destino el empleo y la sostenibilidad ambiental y social de los destinos turísticos, porque, como subrayan las conclusiones, “el proceso de renovación de la planta alojativa y de oferta complementaria debe constituir el eje fundamental de la cualificación de la oferta turística canaria”.
Los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) se configuran como un conjunto de actuaciones y proyectos concretos de renovación bajo un procedimiento de tramitación abreviada y de fase única. Así, estos son los tres ejes fundamentales que el legislador plantea para la renovación de la planta alojativa turística: concreción, agilidad en la tramitación e impulso por parte de la Administración.
Como resultado del análisis expuesto por los ponentes y participantes en las jornadas, “la potencialidad de los PMM para intervenir en la renovación y modernización de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias, tal y como aparecen diseñados en la ley, es extraordinaria y se mantiene en la actualidad pese a la notable reducción de aprobación de estos instrumentos en los últimos años”. Resulta incuestionable su capacidad para instrumentar la cualificación y mejora de la planta de alojamiento turístico y el equipamiento complementario, contribuyendo a reactivar la actividad económica.
Y más aún en un contexto en el que, coincidieron las patronales turísticas, se está constatando desde hace unos años, si no la paralización, sí el retraso continuado de proyectos de inversión que tienen que ver con el sector turístico, algo que resulta inadmisible y que dibuja un escenario donde las Administraciones Públicas no cuentan con personal o herramientas suficientes para atender las demandas del tejido turístico, de tal forma que los planes o licencias tramitados se enquistan en el tiempo y se pierden claras oportunidades de inversión para las islas, en perjuicio del interés general.
Al respecto, cabe recordar que Canarias dispone de instrumentos legislativos y de planeamiento que posibilitan canalizar inversiones tanto del sector público como privado en los destinos insulares. No obstante, la excesiva dilación en la tramitación, especialmente, de los planes y licencias municipales, genera un grave problema que lleva a extremos de desincentivar un buen número de proyectos e inversiones. Por ello, y desde un punto de vista normativo y de existencia de instrumentos que impulsen la renovación y modernización turística, tanto de los núcleos como de la propia oferta, Canarias ha desarrollado un marco del que probablemente no se ha extraído el potencial ni ha alcanzado los objetivos pretendidos, debido a la falta de medios y recursos públicos, pero también a una carencia de conocimiento por parte de los propios interesados.
Por otro lado, subrayan las conclusiones de las jornadas, los incentivos lucrativos en materia de edificabilidad, número de plazas, densidad de parcela, etcétera, surgidos en la ley de 2013 “deben ser revisados y actualizados, incorporando auténticos avances en materia de sostenibilidad, lucha contra el cambio climático y descarbonización”. Los nuevos incentivos deberían encaminarse en términos económicos vinculados a si la renovación logra acercar la huella de la actividad a cero, con la implantación de energías procedentes de fuentes renovables, medidas de economía circular, acciones de sostenibilidad o destinar espacios a la acción social, entre otras medidas sugeridas.
Entre los riesgos manifiestos para la calidad del destino y la competitividad, hay que subrayar que buena parte de la planta alojativa y de oferta complementaria en los destinos turísticos va quedando progresiva y aceleradamente obsoleta, lo que trae como consecuencia su salida del mercado al quedar al margen de la demanda siendo, además, caldo de cultivo para un trasvase a la residencialización y en un alto porcentaje al alquiler vacacional, con lo que de un plumazo se habrá cambiado el modelo de las zonas turísticas de Canarias, y no precisamente para mejor. Con este preocupante panorama y si no se establecen medidas que inviertan esta tendencia, en pocos años en gran parte de los destinos turísticos de Canarias el porcentaje de establecimientos alojativos que haya pasado al sector residencial o al alquiler vacacional será ampliamente mayor que la oferta tradicionalmente reglada, la cual ya ha sufrido una importante minoración en la última década que ha oscilado entre el 30 y el 45 por ciento de pérdida de establecimientos alojativos esencialmente extrahoteleros y miles de plazas alojativas.
Según datos del Instituto Canario de Estadísticas (Istac), en Canarias, durante el periodo 2015-2022, se han perdido 685 establecimientos extrahoteleros (38,4%) y 68.209 camas (16,3%). En esta tesitura, ha sido Gran Canaria la isla que más camas extrahoteleras ha perdido, en torno a 35.000. Y la pérdida progresiva de camas implica la caída en la capacidad económica, la recaudación impositiva y los puestos de trabajo en el sector.
Además, la reflexión sobre la vigencia y utilidad de los PMM planteó la situación de los centros comerciales ubicados en las zonas turísticas. “Son edificaciones obsoletas, ruinosas en muchos casos, que han venido lastrando nuestro destino turístico, orillados por los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de forma incomprensible, con una propiedad atomizada que dificulta sobremanera la adopción de cualquier medida razonable para su renovación”, subrayan las conclusiones de las jornadas. Sobre este particular, las patronales turísticas abogan por “articular un compendio de normas, ya sean Planes de Modernización, decretos, ordenanzas o medidas de cualquier otra naturaleza que hagan viable su recuperación, a través de incentivos que motiven a los propietarios a acometer la renovación, admitiéndose el cambio de uso. En definitiva, incentivos que sean atractivos a la propiedad”.
Finalmente, y en el marco del debate generado por el balance de una década de vigencia de la norma sectorial de 2013, los ponentes subrayaron que resulta “inaplazable la intervención legislativa del Gobierno de Canarias para la correcta modulación y ordenación de actividades netamente turísticas como son el uso turístico de viviendas y la actividad de autocaravanas, zonas de acampada y campings”, que carecen a día de hoy, destacaron, “·de los necesarios controles cuantitativos y cualitativos, de la necesaria ordenación e integración en términos territoriales y urbanísticos y, más grave aún, de las mínimas exigencias en términos de sostenibilidad turística y ambiental”. Además, la renovación y modernización del bloque normativo turístico exige también una profunda revisión y adaptación al Derecho Comunitario en relación a los principios de intervención en el ejercicio de las actividades turísticas, “pues se mantienen regímenes de intervención previas, básicamente autorizaciones, incompatibles con aquél y con sus normas de transposición y, lo que es más importante, que suponen un enorme lastre en el impulso de actividades económicas en el sector, de tal modo que el principio de simplificación de cargas debe presidir de manera real la normativa turística canaria”.