- El personal técnico de los ayuntamientos majoreros dedica gran parte de su jornada laboral a realizar informes para la Fiscalía paralizando licencias de toda índole que implican inversión y mano de obra
- El Cabildo ha concedido licencias para rehabilitación turística por valor de 190 millones de euros a proyectos que no pueden iniciarse porque todavía no tienen la pertinente licencia municipal
El presidente de la Asociación de Empresarios de Fuerteventura, Antonio Hormiga, manifiesta su preocupación por el malestar generado entre la clase empresarial debido al retraso sistemático con el que los técnicos de los ayuntamientos majoreros expiden licencias de cualquier tipo de obra. Un proceso que “hasta hace pocos meses se realizaba en el plazo máximo de un mes y que ahora no se completa hasta pasado, por lo menos, el año o el año y medio “, explica.
Esta tardanza, comentan los empresarios, “conlleva directamente la pérdida de potenciales subvenciones y, por tanto, de oportunidades para realizar inversiones de distinta índole en la Isla y crear, también, puestos de trabajo”. En Fuerteventura hay concedidas licencias de rehabilitación turística por el Cabildo, “en torno a los 190 millones de euros y, la inmensa mayoría de ellas, no cuenta todavía con licencia municipal de obras por el colapso que se está produciendo en las oficinas técnicas”, incide.
Como presidente de la patronal turística, Hormiga se hace eco de estas quejas y apunta a que “un determinado grupo político, empeñado en llevar a cabo una estrategia de denuncias sistemáticas por todo y contra todo, ha empezado la campaña electoral sin medir las consecuencias de sus actos”. Y las consecuencias, destaca, “conllevan la paralización de la actividad económica y la falta de creación de empleo”.
Esta “muy cuestionable” estrategia política, prosigue, porque está también colapsando los juzgados y creando “un clima de tensión que afecta a los funcionarios, puestos también en tela de juicio, y a la clase política, en general, haciendo creer que en esta isla todo es corrupción urbanística”. Una afirmación “falsa y peligrosa”, insiste.
En este sentido, defiende el derecho de la ciudadanía a interponer denuncias contra presuntos delitos pero pide una reflexión en profundidad porque, insiste, “denunciar por denunciar tiene consecuencias graves que afectan no sólo a las personas denunciadas sino también a todos aquellos que están pendientes del buen funcionamiento de la administración para poner en marcha sus proyectos, así como a la propia convivencia social”.
Hormiga lamenta, además, que la sociedad majorera se esté acostumbrando a que haya “mucho ruido en las redes sociales” y se esté poniendo en el punto de mira a muchas personas que, finalmente, “están siendo absueltas o sus casos acaban siendo sobreseídos por falta de consistencia”.
Es una lástima, insiste, “que haya partidos políticos que hagan un uso torticero de la justicia para conseguir publicidad gratuita y no se centren en realizar propuestas que ayuden a mejorar la actividad económica de la isla y a crear empleo”. Todavía hay muchas familias sin ingresos, sin recursos, “esperando a que se otorguen las licencias pertinentes para encontrar un trabajo”, concluye.